En este artículo para legis.pe, Darío Jiménez, country manager en Perú, explica los detalles del nuevo reglamento sobre compliance que ya ha entrado en vigor en el país. En primer lugar, es importante definir el término compliance para evitar dudas futuras. Se trata de un modelo que 'puede definirse como la regulación interna que adoptan las personas jurídicas privadas con el fin de garantizar la ética empresarial y prevenir la comisión de actos ilícitos'. Se trata de una regulación a nivel global que puede ser modificada y adaptada por los países.
En el caso de Perú, esta regulación llegó en el año 2002 y desde entonces ha sufrido ciertas modificaciones hasta llegar a la última realizada el pasado 6 de enero de 2017 y por la cual el Gobierno de la República publicó el Decreto Legislativo 1352 que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Esta legislación entró en vigor el día 1 de enero de este mismo año 2018, por lo que a partir de ese momento, las empresas que 'estén involucradas en delitos de corrupción, lavado de activos o financiamiento del terrorismo podrán ser sancionadas administrativamente', tal y como afirma Darío Jiménez.
La nueva legislación trae consigo nuevas exigencias para las empresas y las personas jurídicas en general y presenta la necesidad de contar con un modelo de prevención interno, ya que de lo contrario podrían ejecutarse sanciones que van desde multas hasta la completa disolución de la persona jurídica. A pesar de esto, existen todavía ciertas dudas sobre estas sanciones y el organismo que deberá llevarlas a cabo. En cualquier caso, Darío Jiménez apunta que existe una 'salvedad importante, la persona jurídica estará exenta de responsabilidad administrativa por la comisión de los delitos señalados anteriormente, si adopta e implementa en su organización, con anterioridad a la comisión del delito, un modelo de prevención adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características'.
En este momento las empresas se preguntan qué deben hacer en el caso de que aún no se hayan adaptado a esta norma. Para ello, existen diversas opciones, de las cuales la realización de una auditoría interna por la que se defina cuál será la ética empresarial y el proceso de toma de decisiones, se muestra como la más completa a pesar de no estar libre de riesgo.
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