Desde enero, pequeñas medianas y grandes empresas en Perú están obligadas a establecer programas de cumplimiento para combatir la corrupción desde su interior.
La periodista Élida Vega explica en su artículo, publicado por el diario El Comercio, que la entrada en vigencia de la ley 30424 marca un antes y un después en el derecho empresarial peruano y que las personas jurídicas podrán ser sancionadas por la comisión de delitos como soborno o cohecho, lavado de activos y financiación del terrorismo.
Según afirma Antoni Bosch, responsable del área de gobierno corporativo y compliance en ONTIER Perú, los programas de compliance obligan a las empresas a hacer un análisis de la organización y sus procesos. De esta forma, señala la periodista, 'las empresas sabrán si los riesgos a los que se exponen pueden ser constitutivos de delitos o si suponen riesgo de fraude'.
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